Abuso sindical intolerable

Los sindicatos UGT y CC.OO. han demostrado con esta huelga su absoluta politización, ya que les cuesta meses e incluso años movilizarse contra el Gobierno si es socialista y apenas unas horas si es del PP. Pero esto ya no sorprende a nadie. Lo que sí sorprende es la deriva que está tomando la huelga del Metro en Madrid.

La violación de los servicios mínimos durante la jornada de hoy es un hecho gravísimo que ha causado trastornos incalculables a millones de madrileños que sufragan con sus impuestos no sólo el servicio del Metro, sino los sueldos de los propios desaprensivos que se han apropiado de sus derechos.

Sorprendente también es que PSOE e IU de la Comunidad de Madrid se hayan negado a condenar el incumplimiento de los servicios mínimos y la exigencia de respeto a los derechos de los madrileños. El PP así lo propuso en la Asamblea y ellos rechazaron condenar este abuso, traicionando así su deber como representantes de unos madrileños que ven pisoteados sus derechos. El Grupo Socialista en la Asamblea se ha constituido en piquete contra los madrileños.

La violación de los servicios mínimos y la propia huelga es una muestra de insolidaridad con los 5 millones de parados, con los trabajadores públicos que han visto bajado su sueldo, con los trabajadores de Metro que no pueden ir a trabajar por la acción de piquetes “informativos”, con los madrileños que no pueden usar el Metro para ir a sus trabajos, a sus citas médicas o sus centros de estudio. Los sindicatos y sus cómplices socialistas y comunistas atacan los derechos de los trabajadores que utilizan el Metro.

Quienes han incumplido los servicios mínimos están utilizando los servicios públicos, el patrimonio de todos los madrileños, para defender sus reivindicaciones. Toman como rehenes a los madrileños y nos utilizan como moneda de cambio de sus insolidarias exigencias.

Hay unos señores que no quieren que se les baje un 2% el sueldo mientras a todos los trabajadores públicos se les baja mucho más. Lo más insolidario es que a cinco millones de españoles se les ha bajado un 100% porque se han ido al paro gracias a ZP mientras estos huelguistas tienen asegurado su puesto fijo. Y muchos otros madrileños (taxistas, comerciantes...) han visto disminuir sus ingresos entre un 30 y un 50%. Pero estos señores tienen algo distinto: pueden utilizar los bienes públicos para intentar chantajear al Gobierno. Eso sí, que cada cual asuma las consecuencias de incumplir la legalidad. Una cosa es el derecho a la huelga (Artículo 28.2 de la Constitución Española: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.) y otra pisotear los derechos de los ciudadanos.