El Tribunal de Cuentas enjuiciará la gestión de Cascallana tras confirmar "vulneración de norma presupuestaria"

El Tribunal de Cuentas ha estimado el recurso que presenté sobre el préstamo que pidió, gastó y ni siquiera pagó el anterior gobierno municipal dirigido por Enrique Cascallana y Natalia de Andrés. La Fiscalía se ha adherido al recurso. (Ver noticia de ABC sobre mi denuncia)


Dice el Auto: "Nos encontramos ante una vulneración de norma presupuestaria, con posible quebranto para fondos públicos". Y se da paso a enjuiciar esta gestión.

Debo recordar que por esta denuncia fui acusado por Cascallana y De Andrés de hacer una campaña de difamación contra ellos. (Ver noticia de El País) . Natalia de Andrés llegó a pedir mi dimisión "si en este caso se demuestra una vez más que no hay delito, no se admite a trámite o no se valora positivamente" por parte del Tribunal de Cuentas. "Ya está bien de intentar difamar continuamente al Gobierno anterior con falsedades". Estoy esperando su dimisión y a estas horas no ha llegado aún.
 
Dice el tribunal: "En el presente supuesto ha quedado patente la infracción de normativa presupuestaria".
 

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NOTA DE PRENSA COMPLETA:
 
El auto señala que “es una cuestión no controvertida que la Corporación Municipal de Alcorcón incumplió dicho trámite”



El Tribunal de Cuentas confirma que el Gobierno de Cascallana vulneró la Ley al no solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para seguir endeudándose


• Iniciará la instrucción pertinente para averiguar todos los hechos ante lo que puede constituir un delito de responsabilidad contable


• El Ministerio Fiscal se ha sumado a las tesis del Ayuntamiento de Alcorcón


• El Ejecutivo anterior pidió cuatro préstamos, por un valor total de 44 millones de euros, sin la preceptiva autorización ministerial


• Al saltarse presuntamente la prelación de pagos y no pagar las cuotas de dichos préstamos, éstos generaron un “excesivo pago de intereses” que han podido originar un “quebranto económico” en el Consistorio


• Las personas que finalmente dictaminara el Tribunal de Cuentas como responsables de estos hechos, deberían responder con su patrimonio personal


Lunes, 14 de mayo 2012.- El Tribunal de Cuentas, en su última resolución remitida al Ayuntamiento de Alcorcón, confirma las tesis del actual Gobierno, por lo que ha decidido iniciar la instrucción pertinente para depurar responsabilidades.


Según el auto del Tribunal, “en opinión del Ministerio Fiscal, deben practicarse las actuaciones de instrucción previstas en la Ley para investigar los hechos y obtener los antecedentes que permitan adoptar razonadamente, en su momento, la decisión de plantear o no la correspondiente pretensión de responsabilidad contable”.


Dichas tesis, a las que se ha sumado el Ministerio Fiscal, afectan a la solicitud que realizó el anterior Gobierno de distintos préstamos, por un valor total de 44 millones de euros, sin la preceptiva autorización del Ministerio de Hacienda y en contra, a su vez, del informe del Interventor Municipal. El anterior Ejecutivo habría incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria.


El auto del Tribunal de Cuentas afirma que “es una cuestión no controvertida que la corporación municipal de Alcorcón incumplió dicho trámite. Y también lo es que la Intervención General del Ayuntamiento, en su informe (…), ya había indicado a la Junta de Gobierno Local que era preceptiva la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, para poder concertar las pólizas de crédito con una entidad financiera privada”.


Asimismo, el anterior Gobierno dejó de pagar las cuotas de esos préstamos, uno de ellos, de 22 millones de euros, era un préstamo de legislatura que ni siquiera había abonado al finalizar la misma. El impago de dichas cuotas, saltándose presuntamente la prelación de pagos, generó unos intereses no previstos que han supuesto un quebranto económico para las arcas municipales.


“Ha quedado patente la infracción de normativa presupuestaria”


Como afirma el auto “ese potencial quebranto económico en el presente caso, se puede haber producido, según las tesis del recurrente, a las que se ha adherido el Ministerio Fiscal por el excesivo pago de intereses que se produjo, al no poder hacer frente la Corporación Municipal, en su debido tiempo, a los plazos de amortización reflejados en las pólizas de crédito. En el presente supuesto ha quedado patente la infracción de normativa presupuestaria”.


Finalmente y según el auto del Tribunal de Cuentas, “nos encontramos ante una vulneración de la norma presupuestaria, con posible quebranto para fondos públicos. Y entiende esta Sala que esta posibilidad es la que hace razonable que se nombre un Delegado Instructor para que practique las actuaciones previstas en el artículo 47 de nuestra Ley de Funcionamiento”.


Tras el periodo de instrucción, el Tribunal de Cuentas determinará qué responsabilidades existieron en los hechos anteriormente mencionados, y las personas afectadas deberán responder, en su caso, con sus bienes personales.